Gobierno quiere obligar a la Liga MX a transparentar sus operaciones financieras

Los clubes de la Liga MX serán obligados por el gobierno a reportar sus operaciones financieras como parte de la Ley Antilavado de Dinero

La Liga MX y todos sus clubes están a punto de ser obligados a transparentar al gobierno todas las operaciones financieras que estén por encima de los 350 mil pesos, debido a que el futbol será incluido como actividad vulnerable en la Ley Antilavado, avaló la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y esperan que el Senado de la República apruebe la medida a más tardar en diciembre del 2020, informaron diversas fuentes a ESPN Digital.

El futbol, Liga MX y sus clubes, está incluido en el dictamen de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que hicieron las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República, documento al que también este medio tuvo acceso. Algunos directivos de la Federación Mexicana de Futbol y de la propia Liga ya fueron informados, por lo que están listos para acatar las medidas si son aprobadas.

En caso de obtener una respuesta positiva, la Liga MX deberá de dar aviso a las autoridades de todas las operaciones relacionadas con el traspaso de jugadores, recepción de recursos por derechos de imagen, patrocinios o cesión de derechos de transmisión o cualquier otra que involucre un intercambio económico.

“Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil veintiocho veces el valor de la UMA”, se lee en el documento al que se tuvo acceso.

En un principio, se consideraba que todas las operaciones arriba de 50 mil pesos debían ser reportadas a la Secretaría de Hacienda, pero una vez hecha la evaluación de la iniciativa, se consideró que se vigilarían todos los movimientos que estuvieran arriba de los 350 mil pesos (cuatro mil veintiocho veces el valor de la UMA).

El futbol es considerado un ente vulnerable al lavado de dinero o participación de recursos de procedencia ilícita, por lo que está en la mira del gobierno.