Un fuerte conflicto sacude al rugby japonés. Cerca de 30 jugadores nacidos en el extranjero y nacionalizados iniciaron acciones legales contra la Japan Rugby League One por el nuevo sistema de registro que entrará en vigor la próxima temporada y que busca potenciar a los nativos.
Hasta ahora, la competencia cuenta con tres categorías que cada equipo debe cumplir: "A", aquellos elegibles para Japón que deben ser un mínimo de 11 por convocatoria; "B", quienes podrían calificar en un futuro; y "C", los que ya sumaron caps para otros países (máximo tres por plantel), entre los que se encuentra, por ejemplo, Pablo Matera.
Sin embargo, la liga impulsó la creación de una subcategoría (A1) para quienes hayan cursado al menos seis años de educación obligatoria en el país. Aquellos que llegaron más tarde -aunque tengan ciudadanía y hayan representado a la selección- pasarán a ser A2, con menos espacio garantizado en cancha. Con el nuevo esquema, se exigirá un mínimo de 8 A1 por partido, lo que reducirá las oportunidades para los A2.
Entre los pocos beneficiados por una excepción aparece Michael Leitch, gracias a sus más de 30 partidos internacionales. Pero la mayoría no cumple ese requisito y podría ver afectada su continuidad profesional.
Los jugadores denuncian que la norma es discriminatoria y viola la ley antimonopolio, al generar diferencias basadas en el origen educativo. Mientras tanto, la liga sostiene que el objetivo es fortalecer el desarrollo local y ampliar la base de jugadores japoneses.
El caso ya llegó a la justicia y podría sentar un precedente clave sobre los límites entre promoción del talento nacional e igualdad de oportunidades en el deporte profesional.